DOI: http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i156.314

Verde y plata. Mineros ambientalistas en Wirikuta

Green and Silver: Environmentalist miners in Wirikuta


Irene María Álvarez Rodríguez

Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas-Región Centro (CIDE-Centro), irene.alvarez.r@gmail.com


El artículo analiza el impacto del lenguaje antiminero de un movimiento social, el Frente en Defensa de Wirikuta (FDW), entre un grupo de personas que viven en un poblado que, históricamente, se ha dedicado a la minería. Se discute cómo la divulgación del conocimiento en torno a los perjuicios de la minería ha permitido reivindicar la posición política de un grupo de mineros y sus familias, desafiando el peso ideológico y la práctica autoritaria de las empresas mineras. Se pregunta, entonces, ¿cuál es el vínculo entre agencia local y los discursos científicos, morales y políticos que buscan regular prácticas productivas y concepciones de lo medioambiental?

Palabras clave: minería, ambientalismo, movimientos sociales, lenguaje, poder discursivo


This article analyzes the impact of the anti-mining discourse of a social movement -theFrente en Defensa de Wirikuta (FDW, Wirikuta Defense Front)- on a group of people living in a community devoted historically to mining. It discusses how the circulation of knowledge about the harmful ecological impact of mining has shaped the political posture of veteran miners and their families, and promoted their claims by challenging the ideological weight and authoritarian practices of mining companies. The question, then, is what is the link between local agency and the scientific, moral and political discourses that seek to regulate productive practices and conceptions of the environment?

keywords: mining, environmentalism, social movements, language, discursive power


Fecha de recepción del artículo: 19 de junio de 2017 / Fecha de aprobación: 16 de mayo de 2018 / Fecha de recepción de la versión final: 16 de mayo de 2018


En los albores del siglo XXI, América Latina experimentó un proceso de liberalización y apertura comercial. Este giro en la política económica de países como México derivó en una serie de reformas constitucionales orientadas a fomentar la inversión de capital extranjero y puso en entredicho la tradición que favorecía el dominio directo de la nación sobre recursos estratégicos, tales como los minerales. Previo a 1992, la Constitución mexicana señalaba que las corporaciones que podían aspirar a ser concesionarios mineros -es decir, a obtener el derecho de realizar labores de exploración y explotación de yacimientos minerales- eran empresas constituidas mayoritariamente por capital nacional.1 En la actualidad, no hay restricción alguna a la inversión de capitales extranjeros en materia de exploración y explotación de depósitos mineralógicos.

Aunque las políticas que caracterizaron al periodo nacionalista distan de ser ideales,2 el modelo vigente parece beneficiar, sobre todo, a los concesionarios mineros. Las aportaciones de las empresas a las arcas nacionales son escasas, más si se considera que, hasta antes del 2014, no se cobraban regalías sobre el producto mineral obtenido, sino que el monto por pagar era proporcional a la extensión del área concesionada. Además, al declarar a la minería como actividad preferente sobre cualquier otro uso del territorio, la ley privilegia a los concesionarios mineros y desprotege a campesinos o habitantes de localidades que se ubiquen en las proximidades de zonas con potencial minero. Otra de las ventajas que el régimen actual ofrece a los consorcios mineros es que, con previa solicitud a la Comisión Nacional del Agua, son concesionarios preferentes de las “aguas de laboreo” -localizadas en la fase de explotación minera- “para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas” (Ley Minera 1992, 13).

A partir del año 2000 se registra un crecimiento en la industria minera mexicana. El renovado marco legal, aunado al incremento de minerales metálicos en los mercados internacionales en tiempos recientes, así como al desarrollo de tecnología “de punta” en materia de extracción minera, atrajeron a gran cantidad de empresas extranjeras, sobre todo canadienses, a tierras mexicanas. Desde entonces, se han desatado una serie de conflictos entre comunidades afectadas por las actividades extractivas y empresas mineras. Esos enfrentamientos han puesto de manifiesto las contradicciones inherentes al proceso modernizador, con énfasis en los límites del desarrollo económico y el deterioro ambiental.

A raíz de los conflictos, la opinión pública ha comenzado a prestar atención al fenómeno minero: un gran número de colectivos ciudadanos, movimientos sociales, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil se encargan de monitorear las operaciones de las corporaciones globales sobre territorios con depósitos minerales.3 En ocasiones, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se presentan como mediadores entre poblaciones afectadas por las actividades extractivas y los corporativos mineros. En otros momentos, colectivos ciudadanos asesoran a las comunidades en resistencia, proporcionando herramientas mediáticas, legales y políticas a movimientos que, quizá, de otra manera permanecerían invisibilizados. Algunas veces, los movimientos sociales y las OSC exponen los efectos negativos de la minería al recurrir al conjunto de saberes técnicos y científicos que demuestran los perjuicios sociales y ecológicos de la actividad minera.

En este trabajo muestro cómo es que el conocimiento científico producido por un movimiento social antiminero, llamado Frente en Defensa de Wirikuta (FDW),4 fue apropiado por una población cuya historia y genealogía ha estado ligada a la minería. A través del material empírico producido en una serie de estancias etnográficas realizadas en el 2014, me propongo analizar cómo es que un discurso crítico de la minería fue usado por un grupo de exmineros y sus familias para mostrar su desacuerdo respecto al proyecto minero que iba a llevarse a cabo en su localidad. En ese sentido, me preocupa ver cómo es que los materiales de divulgación científica proporcionados por el FDW fueron recuperados por una población con un pasado minero para posicionarse en contra de la actividad extractiva.


El impacto ambiental de la minería


Antes de seguir, es pertinente hacer un breve esbozo de aquello que preocupa tanto a muchos activistas: el impacto ambiental de la minería.

Los procesos de extracción minera pueden llevarse a cabo de manera subterránea o superficial. La minería del periodo colonial se caracteriza por sus grandes explotaciones profundas y por una fuerte dependencia de mano de obra. El tumbe de mineral se realizaba de forma manual y, a menudo, se carecía de un programa de trabajo (Flores Chair 1986, 56). Esto provocaba que las minas adquirieran la forma de enormes hormigueros, que no hubiera condiciones mínimas de seguridad y que el aprovechamiento de muchos yacimientos minerales no pudiera sostenerse en el mediano o largo plazo.5

En la actualidad, la mayor parte de las explotaciones mineras son superficiales. La técnica extractiva conocida como a “cielo abierto” deriva en afectaciones graves al paisaje: el procedimiento consiste en la remoción de una extensión importante de capas superficiales del terreno para extraer compuestos minerales con valor económico. Este proceso deriva en cráteres que, a menudo, llegan a alcanzar varios kilómetros de diámetro. Todo el material que es removido pasa por un proceso de trituración y cribado, posteriormente, se usa una mezcla de cianuro de sodio y agua para separar los minerales de interés. Es preciso decir que sólo se recurre a la minería “a cielo abierto” cuando los metales son accesibles en un nivel superficial; si los yacimientos minerales se ubican en zonas profundas es conveniente recurrir a la explotación subterránea.

El proyecto minero que detonó la formación del FDW consiste en la explotación subterránea de yacimientos de plata ubicados en la zona norte del estado mexicano de San Luis Potosí.6 De acuerdo a lo señalado por la empresa propietaria de las concesiones mineras, First Majestic Silver Corp., el proceso de beneficio se haría a través del método de flotación, uno de los menos contaminantes de todos, el cual consiste en moler los depósitos minerales para después separarlos de la ganga al ponerlos en contacto con reactivos que los hacen flotar en el agua. En la medida en que este proceso requiere grandes cantidades de recursos hídricos, la empresa propuso realizar una planta de aguas residuales.7 Nada de esto consiguió modificar la postura del FDW.

Ciertamente, el FDW tenía razones para desconfiar de First Majestic. La aparente buena disposición de la empresa se leía como parte de una estrategia de greenwashing, es decir, como una forma de presentarse públicamente como una compañía “verde” o ecológicamente responsable, aunque esto no necesariamente implicara una reforma sustancial de sus prácticas corporativas.8 Después de todo, la minería contemporánea ha producido grandes desastres medioambientales derivados de la liberación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos en la atmósfera, en afluentes líquidos y en la superficie terrestre (Rodríguez et al. 2009).9 Antes de la llegada de First Majestic a San Luis Potosí, el conflicto minero más importante del estado había sido el de Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor (FAO). FAO es un colectivo ciudadano que se opone a la explotación minera en el Cerro de San Pedro, un sitio con una gran importancia histórica y patrimonial para los potosinos. Las operaciones de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro tuvieron lugar entre 1999 y 2016. Su legado fue un enorme cráter, afectaciones a inmuebles coloniales, contaminación del suelo, una población dividida (Reygadas y Reyna 2008), pero también una fuerte desconfianza hacia las empresas mineras en el estado potosino.

Con esos antecedentes, la llegada de First Majestic a San Luis Potosí fue controversial. Quizá fue por eso que, desde 2013, la empresa canadiense contrató a una agencia de relaciones públicas llamada FWD Consultores para que se encargara de gestionar la imagen de la empresa minera ante la sociedad civil y los medios de comunicación. Para obtener cualquier información sobre el proyecto extractivo era necesario hacer una entrevista presencial con diversos publirrelacionistas de la agencia, los cuales estaban especialmente interesados en saber cuál era el destino final de los datos que proporcionaban.10 Había un control excesivo sobre la información relativa al proyecto minero. Las maquetas virtuales de la planta de tratamiento de agua, los métodos de explotación minera, los dictámenes ambientales, así como los mapas del desarrollo minero que se proyectaba llevar a cabo eran información reservada.

Por otro lado, el movimiento social del FDW formó una mesa o un comité técnico-ambiental que se encargaba de distribuir material y hacer eventos de divulgación científica en metrópolis como la Ciudad de México, pero también en las zonas del norte de San Luis Potosí, próximas al desarrollo minero de First Majestic.11 Sobra decir que la labor de comunicación de la ciencia realizada por la mesa técnico-ambiental se centraba, principalmente, en que académicos reconocidos expusieran los efectos nocivos de la minería sobre el medio ambiente y la salud humana.

En ese sentido, en el marco del conflicto, se hizo notorio que tanto First Majestic como el FDW entendían que la divulgación de información científica podía legitimar o desacreditar sus visiones sobre un territorio disputado. Esto confirma que, tal y como los estudiosos de ciencia y tecnología lo han dicho (Jasanoff 2004, Latour 2004, Mathews 2009, Scott 1998), los límites entre lo técnico y lo político son borrosos. En el caso específico de la minería, Fabiana Li ha dejado ver que en los enfrentamientos entre empresas mineras y las OSC que se oponen a éstas se recurre al conocimiento científico para afianzar posiciones encontradas entre sí (2015). Por supuesto, es preciso reconocer que financiar la elaboración de mapas, dictámenes y reportes técnicos es mucho más sencillo para corporaciones mineras trasnacionales que para OSC con ingresos precarios e inestables. Sin embargo, lo cierto es que, en el presente, los debates en torno a las ventajas o desventajas de la minería se articulan como un campo de conocimientos científicos en disputa. En este contexto, es preciso rastrear los usos del saber científico producido en un espacio público polarizado.


El Mineral de La Luz


La Luz es una localidad que se encuentra en el distrito minero de la Sierra de Catorce, en el norte de San Luis Potosí y muy cerca del famoso pueblo de Real de Catorce, dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Wirikuta. De acuerdo a los censos oficiales, la ranchería tiene un total de 144 habitantes (INEGI 2010); sin embargo, es probable que el número de personas que habitan la localidad sea aún menor.12 La población está constituida por un conjunto de casas que parecen resguardar la legendaria mina de plata conocida como Negociación Minera Santa Ana y Anexas (de ahora en adelante denominada como Santa Ana), una de las más productivas y constantes de la región.

A pesar de que hoy pareciera ser un lugar desolado, La Luz fue un pueblo célebre. Los pobladores constantemente refieren a la visita del general Porfirio Díaz en 1893, quien inauguró la introducción de energía eléctrica en el aprovechamiento de yacimientos minerales.13 Las bonanzas de la negociación se concentraron en el periodo que va de su fundación en 1773 a 1776; desde 1851 y hasta la Revolución Mexicana; y, en su última etapa productiva, de 1965 y hasta 1991 (Montejano y Aguiñaga 2008, Lewis 2007). La suspensión de las actividades mineras en Santa Ana en la década de los noventa fue producto de la caída de los precios de los metales. El incremento del valor de los minerales metálicos en el mercado mundial durante la primera década del nuevo milenio generó un renovado interés por explotar los filones plateados, atrayendo a la empresa canadiense First Majestic a La Luz.

Poco tiempo después del otorgamiento de las concesiones mineras a First Majestic en 2009, comenzó a gestarse un movimiento social que usaba una semántica de lo sagrado (Álvarez 2014) para enfatizar la relevancia ritual y natural de una zona de culto huichol conocido como Wirikuta. El FDW desdeñaba la historia minera de la región para enfatizar la profundidad histórica de la peregrinación a Wirikuta que los huicholes han realizado desde “tiempos ancestrales”.14 Los voceros del movimiento social aludían a las particularidades ambientales de la zona y a su calidad de ANP para mostrar lo que estaba en riesgo una vez que las actividades de explotación minera iniciaran.15 El caso alcanzó los titulares de los principales periódicos nacionales y logró posicionar la causa antiminera entre la opinión pública, gracias a una potente sintaxis que articulaba símbolos religiosos huicholes con consignas políticas. Eventualmente, todas las concesiones mineras en Wirikuta fueron suspendidas.

El FDW ha convocado al sistema de la ciencia y del arte para legitimar el régimen ambiental que pretende establecer sobre el territorio. El objetivo principal del FDW es impedir cualquier clase de operaciones mineras en la zona de Wirikuta, así como regular las actividades productivas que se realizan en el área.16 Para llevar a cabo este objetivo han realizado marchas y grandes eventos culturales en la capital de la República Mexicana, así como en centros metropolitanos como Guadalajara o Vancouver -esta última ciudad alberga las oficinas administrativas de First Majestic-. Los miembros del FDW, también han realizado una variedad de películas,17 encuentros entre expertos, así como productos académicos (Gutiérrez 2014) donde se establece una relación entre la conservación de un sitio ecológicamente relevante y la reproducción cultural de un grupo étnico.

Muy lejos de las protestas del FDW en Vancouver, Guadalajara o Ciudad de México, está la sede administrativa del controvertido proyecto minero: La Luz. La primera vez que visité la ranchería, en el 2014, me encontraba realizando una tesis doctoral sobre los modos en que la gente que vive en Wirikuta reivindica sus derechos políticos sobre un territorio disputado por empresas mineras, activistas, peregrinos huicholes, turistas culturales, empresarios hoteleros y campesinos ejidatarios (Álvarez 2017).18 Al llegar a La Luz me encontré con una localidad dividida a la mitad. Estaban aquellos que favorecían a la compañía minera y aquellos que se oponían a ella. La situación era dramática: había familias divididas, personas que se habían aislado o autoexcluido de las dinámicas de la comunidad, así como acciones cotidianas de violencia verbal o física entre los miembros de uno y otro bando. Cada una de las facciones ofrecía explicaciones distintas de lo que había detonado el conflicto: para un sector, las relaciones conflictivas habían iniciado por culpa del gerente del proyecto minero, quien, de acuerdo a un exempleado de Santa Ana, “había desunido a la gente, [al darles] despensas, trabajo y apoyos a unos nomás y a los otros no”. El resto de la comunidad responsabilizaba a los opositores de “no dejar trabajar a la mina”, es decir, de obstaculizar las acciones empresariales que beneficiarían a la comunidad.19

Evidentemente, las causas que detonaron el conflicto en La Luz son mucho más complejas de lo que estas explicaciones superficiales sugieren. Por parte de los críticos de la minería había un cierto consenso respecto a cómo la actitud escéptica de muchos de ellos había provocado que fueran excluidos de las regalías a través de las cuales First Majestic quería seducir a sus anfitriones. Para entonces, el FDW ya había tenido alguna presencia en el rancho como parte de una ofensiva que buscaba informar a la gente de la Sierra de Catorce de los peligros de la minería. El centro del movimiento social convocó a reuniones, distribuyó folletos y discos compactos -que, por cierto, nadie tenía cómo reproducir-, difundiendo una perspectiva catastrofista de la minería. Fue así que cuando el consorcio minero presentó el proyecto extractivo a los habitantes de La Luz, éstos tenían preocupaciones y preguntas asociadas, entre otras muchas razones, a la degradación ambiental provocada por la minería.

En ese sentido, me interesa observar cómo es que una parte de los pobladores de un antiguo Mineral recuperan la semántica política de un movimiento social para plantear nuevas maneras de relacionarse con las empresas mineras y con su entorno. Me pregunto: ¿de qué forma los conocimientos que se tejen alrededor de una idea de naturaleza son apropiadas cognitiva y políticamente por actores locales? ¿Cómo es que la divulgación de la ciencia es usada para resistir a la devastación ambiental?


Visiones de la degradación medioambiental


Mientras comía en casa de Silvio y Susana, el matrimonio que me hospedaba en La Luz, la conversación pasó de concentrarse en rumores acerca de los enemigos de mis interlocutores a ofrecer una explicación mitológica de los orígenes del conflicto que dividía a la población. Bajando el tono de voz, mi anfitrión comenzó a contarme que pocos años atrás había habido un fuerte diluvio en la ranchería, el cual había provocado que algunos de los habitantes perdieran sus casas y pertenencias. Decía que, durante la tragedia, la gente del pueblo no había sido solidaria, no se habían ayudado unos a otros, y que por eso Dios los había castigado enviándoles la discordia que en ese momento los azotaba.

El relato indicaba que la unión de la comunidad era la norma, el estado ideal de la ranchería, por lo tanto, aprovechando este momento de lucidez reflexiva, les pregunté a ambos si estarían dispuestos a apoyar la minería por el bien comunitario -después de todo apoyar el proyecto extractivo era equivalente a eliminar la discordia, implicaba reconciliarse con un sector importante de la población-. Él me contestó: “no, oiga, la mina no. Dese una vuelta por allá por (Los) Catorce (un rancho cercano que tiene muchos huertos), está bien verde, hay harto ardillón (un roedor que habita las praderas de la zona). Imagínese, todo eso se moriría con la mina”. Ante la negativa de mi amigo, seguí con el interrogatorio. Le pregunté qué era, exactamente, lo que temía de la minería, él replicó: “la minería no es mala. La minería [el énfasis es mío], pero haga de cuenta que sea una mina limpia, tranquila, que no haga conflictos ni destrozos”.

El testimonio dejaba ver que se situaba la causa del conflicto en el pasado. La ruptura entre la gente de La Luz era una consecuencia de la ausencia de fraternidad entre sus habitantes. La capacidad de decidir era algo que sólo era posible en un horizonte pretérito; el presente era figurado como algo inevitable y, por tanto, la capacidad de incidir en él era nula. A pesar de que mi amigo reconocía la cualidad trágica del antagonismo entre los pobladores de la ranchería, no consideraba la posibilidad de aceptar el proyecto minero de First Majestic y reconciliarse con todos los residentes. La minería era inaceptable, no por consideraciones morales sino, debido a su carácter radicalmente destructivo, su toxicidad estaba fundamentada en “hechos científicos” (Latour 2004).

Había, empero, otra clase de minería. El futuro podía ser minero si la actividad productiva se reinventaba. Más allá de la discordia y la devastación ambiental ¿otra minería era posible? La minería , respondía mi interlocutor, intuyendo que la respuesta sólo podía ser negativa o afirmativa. La minería sí, pero no esta mina, no esta empresa, no en este momento. La minería , pero sólo como formulación utópica, como “proyección de los miedos y las esperanzas” (Luhmann 1976, 143).

Aunque los voceros de First Majestic han dicho una y otra vez que la explotación minera será subterránea, que no se ampliará el área ya perforada durante siglos de trabajos mineros, además de que la extracción y beneficio o refinamiento de la plata seguiría estrictos protocolos ambientales, algunos de los pobladores de La Luz desconfían del proyecto. Incluso aquellos que, como mi interlocutor, han trabajado en Santa Ana durante su juventud, ahora cuestionan las prácticas de la empresa minera. Sin duda, el espíritu crítico de Silvio debe tomarse en cuenta, ya que plantea un desafío a la hegemonía ideológica que, durante siglos, las empresas mineras han instaurado en La Luz.

Finalmente, lo que distingue a muchas localidades mineras es la superposición de las funciones de la economía sobre la política. Los gerentes, directores generales o dueños de las minas son los tomadores de decisiones y quienes ejercen una suerte de poder autoritario caracterizado por una cualidad contradictoria: la mina es la que provee y quita, los administradores son tanto benefactores como tiranos. Esta orientación concéntrica, que hace de la economía un fenómeno dominante, deriva en una inflación respecto a lo que las compañías mineras y sus gerentes o directivos pueden efectivamente hacer. En el caso de La Luz, el repunte del turismo en Real de Catorce rompió la correspondencia entre capital, recursos minerales y medios ideológicos de dominación característicos de los periodos de bonanza minera, al atenuar la dependencia laboral respecto a las empresas mineras.

Cuando First Majestic llegó a La Luz, la comunidad ya no dependía de la mina; la gente había aprendido a vivir sin ella. Fue precisamente por eso que un segmento de la población de la ranchería fue sensible al movimiento del FDW. Los activistas señalaron que la minería agotaría el agua y acabaría con la fertilidad del suelo, lo que les ganó la simpatía de algunos campesinos y pastores. Avelina, una mujer madura, que trabajaba cuidando su hiato de cabras y vendiendo queso en Real de Catorce, era una de esas simpatizantes. En una serie de reuniones llevadas a cabo en Real de Catorce, el movimiento social había presentado evidencias de paisajes devastados por la explotación minera. Las imágenes habían impresionado a Avelina: “es que sí excavan por debajo de la mina nos vamos para abajo, esto ya está como una cáscara de huevo. Sí van a excavar a cielo abierto, va a pasar lo que dicen que pasó en San Pedro, así pasó…”.20 La estrategia del movimiento social consistía en dotar de materialidad a un futuro, que de otro modo resultaría, abstracto. Recurrían a imágenes, así como a la opinión de expertos y científicos, para producir un imaginario de la minería que, aunque simplificado, permitía dotar de rostro a una catástrofe ambiental que en algún momento se presentó como inminente. Esto transformó la relación de personas como Avelina con la minería:


sí quieren la mina (refiriéndose al sector de la comunidad que apoya el proyecto de First Majestic), pero si nos contamina el agua ¿qué? Entonces ¿qué vamos a hacer? Ellos se llevan la riqueza ¿y los que nos quedamos? Y pues nosotros vivimos de los animales, hace veintitrés años se paró la mina y este hombre (su esposo) anda con las chivas, de eso hemos vivido: de los animales...


En el testimonio se presupone un uso correcto de los recursos naturales, además se contrasta la finitud de bienes escasos, como el agua, con el monopolio de la riqueza asociada a la minería. En la retórica antiminera se habla de “los que se van y los que se quedan” para referir a la participación de capital extranjero en la extracción de recursos estratégicos, lo cual pone en entredicho la soberanía nacional sobre recursos que, actualmente, son aprovechados por empresas trasnacionales.21 Ahora, aunque Avelina recupera la frase, le imprime un sentido distinto. Para ella, no se trata de “los que se quedan”, sino de “los que nos quedamos”: el uso de la primera persona del plural elimina la distancia contemplativa y la hace protagonista de un despojo que la perjudica directamente.

El “nosotros”, implícito en “los que nos quedamos”, es personalizado: hace referencia a ella y su esposo, quienes han vivido del pastoreo desde hace décadas. El “ellos”, que señala a aquellos que se “llevan la riqueza”, es mucho más abstracto: no queda claro si habla de los accionistas de First Majestic o de los directivos de la compañía. Esta ambigüedad evoca a una ingeniería financiera que dirige las ganancias, en este caso, derivadas de las actividades económicas primarias, hacia centros financieros globales (Sassen 1999). Para Avelina hacer referencia a “los que se van” es referir a una moralidad sobre cuál es la correcta disposición de los recursos mineros, acerca de quiénes son los que pueden beneficiarse de su capitalización y, sobre todo, en relación con la distribución de las externalidades negativas derivadas de la explotación minera. El señalamiento es que, mientras las ganancias se distribuyen hacia las cúpulas y hacia zonas geográficas distantes, los daños ambientales afectan a estratos sociales inferiores y a comunidades locales, como La Luz.

Cuando mi interlocutora señala: “hace veintitrés años se paró la mina”, está haciendo referencia a algo más que la suspensión de las operaciones extractivas. Como ha señalado Richard Kernaghan (2009) respecto a las plantaciones y tráfico de hojas de coca en Perú, en zonas donde la vida cotidiana gira alrededor de ciertas actividades productivas, la historia se construye a partir de bloques: es la presencia o la ausencia de los flujos económicos, vinculados a ciertas formas de producción y flujos de explotación de los recursos, lo que define cómo se establecen relaciones temporales. Al enfatizar la parálisis de Santa Ana se indica que no sólo fue la mina la que se clausuró, sino también el modo de vida asociado a ella. En ese sentido, aunque las operaciones mineras puedan ser reactivadas, la interrogante es si se puede regresar a ese pasado donde las dinámicas sociales se articulaban alrededor de la minería. La gente se sobrepuso a Santa Ana ¿porqué habría de volver a subyugarse a ella?

Esta visión es compartida por David. La primera vez que lo vi estaba en su tienda de abarrotes, a la orilla de la carretera que conecta Real de Catorce con Matehuala, en las inmediaciones de La Luz. Su atuendo ranchero, una camisa a cuadros de manga larga y un sombrero vaquero, contrastaba con las calcomanías de las paredes, entre las que se leían leyendas proselitistas de apoyo al líder político de izquierda Andrés Manuel López Obrador y consignas antimineras. Me hizo saber que hablaba con un minero experimentado: desde los dieciséis años David había trabajado en una variedad de yacimientos minerales, entre los que destacaba la mina de Tierras Negras, ubicada a pocos kilómetros de La Luz. Era precisamente su trayectoria laboral, lo que hacía que fuera tan sorprendente escuchar su rechazo tajante a la minería:


Nosotros somos unos de los que no apoyamos esa empresa que está (First Majestic). Entonces, la mayoría de aquí está de acuerdo con ellos, por lo mismo que te digo, por despensas, por dinero, qué se yo, por dádivas que les da ese señor. Entonces, la señora que está con una tienda abajo, esa es la que se encargó de andar aquí este […] manipulando a la gente. Yo no estoy de acuerdo por la contaminación que traen, la destrucción que traen, además de eso es una empresa trasnacional, todavía que dijéramos va a quedar aquí en México lo que se produzca, vienen, sacan lo mejor y dejan su mugrero como siempre.


Sorprendida ante su respuesta le pregunté: “pero, entonces, usted se opone a esta mina o a la minería en general, o sea, ¿si llegara otra empresa, con otras personas, también se opondría?”. A lo que Diego replicó: “al principio yo sí quería la mina, pero ahora también me opondría. También por lo mismo de la contaminación. Es que trae mucha destrucción, contaminación y entonces allí van a seguir agujerando por debajo y van afectando los mantos acuíferos y destrozando…”. Estos testimonios dejan ver que David justifica su rechazo a partir de argumentos que mezclan su situación al interior de La Luz con información difundida por movimientos sociales antimineros como el FDW.

Aunque en principio parecería que David demanda ser incluido en las relaciones patrón-cliente establecidas entre First Majestic y parte de la población local, es preciso entender que si, en principio, fue excluido de estos intercambios entre recursos y lealtades (Lomnitz-Adler 1982), fue precisamente por su actitud crítica respecto a las actividades mineras. David y muchos otros miembros de la comunidad resistieron a los métodos de reclutamiento de simpatías emprendidos por la compañía canadiense debido a una variedad de razones; una de tantas fue la afectación ambiental al territorio local. A través del concepto de enviromentality, Agrawal ha mostrado el proceso de constitución de subjetividades “ambientales”, es decir, de sujetos que administran los recursos forestales en India de acuerdo al canon gubernamental de sustentabilidad (2005). En este caso, la noción es útil para mostrar cómo es que la exposición y el contacto a la información promovida por movimientos sociales antimineros ha provocado el surgimiento de “sujetos ambientales”, como David, los cuales rechazan de tajo el aprovechamiento de los recursos minerales de la región.

En ese sentido, es claro que la aparición del FDW proporcionó a los opositores de la minería de un conocimiento y un repertorio semántico que les permite articular su rechazo a la minería desde estándares justificados públicamente. Simultáneamente, el activismo ambientalista ha favorecido la creación de alianzas transitorias entre colectivos cuyas trayectorias laborales, académicas y geográficas no tienen nada en común (Tsing 2005, Liffman 2014). A menudo las protestas que pugnan por la conservación de un sitio disimulan la complejidad interna de la coalición con el objetivo de aparentar unidad y hacer más accesible el mensaje a audiencias amplias. En este escenario, podríamos decir que la divulgación sobre las afectaciones ambientales al agua y al suelo, pero también la crítica a la minería en su dimensión neoliberal, han funcionado como conocimientos y semánticas políticas que vinculan audiencias urbanas, intelectuales, conservacionistas y exmineros.


Algunos comentarios finales


Una tarde mientras conversaba sobre sus experiencias como minero, David interrumpió la plática para declarar: “ya no quiero saber nada de minería, lo que quiero saber es cuando es a que los activistas (en referencia al FDW) se les va a dar su gana volver”. Si bien la presencia del FDW en La Luz, Real de Catorce y otras comunidades había sido fuerte en el 2012 y 2013, en los años siguientes fue disminuyendo paulatinamente. El conflicto que se suscitó en La Luz entre pobladores que apoyaban a First Majestic y gente que se oponía al proyecto minero fue producto, en gran medida, de la polarización de la opinión pública a raíz de las distintas campañas que enaltecían o satanizaban la actividad productiva. Si David quería que los “activistas” regresaran era para ganar legitimidad frente al grupo rival, para tener las garantías morales y científicas que le permitieran sustentar su posición política en un contexto adverso.

Aunque es difícil saber si alguna vez los miembros del FDW regresarán a La Luz, su paso por la región transformó las concepciones sobre la minería entre la población local. De alguna manera, la información difundida por el movimiento social, así como por medios periodísticos, películas y académicos, contribuyeron a constituir una noción de la minería que reconfigura la relación previa, histórica y biográfica, de aquellos que han vivido por décadas en las inmediaciones de Santa Ana. Simultáneamente, la producción de un lenguaje y una forma particular de comprender la minería generaron alianzas entre una variedad de agentes. Lo que unía a David y a ésos “activistas” que se tardaban en aparecer es un lenguaje y un conocimiento popular sobre la minería capaz de desafiar el peso ideológico y la práctica autoritaria de las empresas mineras.


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Notas

1 La reforma a la Ley Minera, promueve la inversión de empresas extranjeras -de recursos procedentes del exterior- en sectores antes exclusivos a capital nacional. Esto contrasta con la ley de mexicanización, promulgada en 1961, la cual señalaba que la participación extranjera no puede ser mayor al 49 % del capital social de las empresas mineras (Delgado y Del Pozo 2001).

2 El modelo nacionalista permitió que se crearan grandes monopolios dentro del país como Grupo México (Sariego 2011).

3 Por ejemplo, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL): una iniciativa ciudadana que busca visibilizar a las comunidades afectadas por la minería.

4 Constituido por huicholes, académicos, intelectuales, neochamanes y ambientalistas. Desde su conformación en 2010, el objetivo principal del FDW es impedir cualquier clase de operaciones mineras en la zona de Wirikuta, así como regular las actividades productivas que se realizan en el área.

5 La explotación de los soportes que sostenían las minas, así como la falta de labores de mantenimiento, provocaban que la vida productiva de muchos de estos yacimientos fuera corta.

6 También se oponían a la iniciativa de la empresa Revolution Resources que con su Proyecto Universo pretendía extraer oro en una sección desértica del estado potosino a través del método extractivo “a cielo abierto”. Sin embargo, ante la oposición, este proyecto fue abandonado.

7 Aunque, como ha señalado Andrew Boni (2015), el hecho de que la empresa propusiera explotar los depósitos minerales de modo subterráneo, no a cielo abierto, y que se interesara en hacer una planta de aguas residuales puede ser una respuesta a los señalamientos críticos del FDW.

8 Existe una literatura acerca de cómo las grandes corporaciones buscan generar impresiones positivas a través del diseño de campañas de (des)información (Laufer 2003, Walker y Wan 2011).

9 Basta recordar que, en 2014, las violaciones a las normas ambientales cometidas por la empresa Buenavista del Cobre S.A. de C.V., subsidiaria del consorcio Grupo México, derivaron en la contaminación de los ríos Sonora y Bacánuchi, en el estado de Sonora. El mal manejo de residuos tóxicos y de livixiados provocó el derrame de desechos a las corrientes de agua afectando a siete municipios y 22 mil personas (PODER 2015).

10 En los primeros meses de 2014, solicité información general sobre el proyecto minero La Luz a FWD Consultores. Después de una serie de correos electrónicos y una entrevista con el personal de la agencia de relaciones públicas donde se me interrogó acerca de los objetivos de la investigación que estaba realizando (Álvarez 2017), finalmente obtuve una presentación de power point que especificaba cuáles eran los métodos extractivos que se emplearían para la obtención de plata y el número de empleos directos e indirectos que se generarían una vez que la explotación de los yacimientos minerales iniciara, entre otros datos. De modo interesante, nunca pude obtener los estudios de impacto ambiental financiados por la empresa.

11 Por ejemplo, en 2013, el FDW organizó un foro llamado “Catorce y la minería” en el pueblo potosino de Real de Catorce. En dicho espacio un grupo de expertos, entre otros ponentes, discutieron el impacto hidrológico y geológico de la explotación minera.

12 El rancho ha experimentado un descenso poblacional importante: en la última década, más de la mitad de sus habitantes han migrado a ciudades del noreste del país, sobre todo a Monterrey.

13 David y Francisco Coughlan diseñaron un sistema de bombas eléctricas, el primero de su tipo en México, que permitían desaguar la mina de Santa Ana con relativa facilidad. El problema de la inundación en las minas era una constante en el periodo colonial y se resolvía sacando el agua manualmente, a través de túneles o perforaciones, con sistemas de malacates y bombas rudimentarias (Trabulse 2007).

14 De acuerdo con Gutiérrez, la primera referencia a la peregrinación huichola aparece en el informe que Don Félix Calleja realizó en 1792. Aunque él no asistió al viaje, señala que huicholes y tarahumaras se reunían en Chalchihuites -que hoy forma parte del estado de Zacatecas-, donde los huicholes ubican la “primera puerta” a Wirikuta (2014, 125).

15 Vale la pena destacar que el plan de manejo del ANP señala que existen zonas de amortiguamiento, las cuales permiten las actividades mineras siempre y cuando no se viertan desechos contaminantes, ni se altere el paisaje o se desvíen los cursos de agua (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 2008). Las concesiones que se otorgaron a la empresa canadiense First Majestic están ubicadas en la zona del ANP que tolera la minería.

16 La zona defendida por el FDW es cambiante. Aunque al inicio del movimiento, en el año de 2010, el territorio que defendía se ajustaba a las 140,293,683 ha (contempladas en el Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural Wirikuta); para el año de 2013, una de las demandas del FDW era que la zona protegida se ampliara a 191,504,363 ha.

17 Entre las producciones cinematográficas podemos destacar: “Huicholes: los últimos guardianes del peyote” (2014) y “Agua sagrada: Minería en Wirikuta, pueblos en defensa del agua y su territorio” (2015), disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=gl2oYZm7YNc.

18 Durante el 2014 y 2015 realicé varias estancias de investigación en La Luz y comunidades aledañas.

19 Aunque inicialmente mi propósito era acercarme tanto a críticos como simpatizantes de First Majestic, la propia dinámica conflictiva que caracterizaba las relaciones de la gente del rancho me impidió llevar a cabo mi objetivo. Yo me hospedaba con una antagonista de la compañía minera, por lo tanto, la gente de la localidad me ubica como parte del grupo de “contrarios” a la mina.

20 Se refiere al caso emblemático, ya presentado antes, de la empresa Minera San Xavier en Cerro de San Pedro.

21 Por ejemplo: “en tiempos de las bonanzas mineras, vienen los que exploran las minas, se llevan la riqueza y dejan la pobreza [...] al final, la riqueza que existe en las minas no se queda con la gente, se la llevan quienes tienen los recursos” (Ferrer 2011).

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